Sos Juez, por qué cuesta trasladar el consenso científico que existe sobre la selectividad operativa del sistema penal a las sentencias?

Los integrantes del Poder Judicial, en general, no tenemos una visión crítica de nuestra función. Por el contrario, la visión es más bien legitimadora. Desde la universidad se enseña a los futuros abogados una suerte de "neutralidad científica" que hace ver a la ley como un mecanismo inocuo, producto de un legislador ideal, que dicta normas impolutas, que son pacíficamente acatadas por los ciudadanos.
Lo cierto es que la ley, y la ley penal en particular, responde a un modelo de preservación de un orden económico, social y político que tiene bastante poco que ver con los sectores más desaventajados de la sociedad, que son los que normalmente "pagan los platos rotos" del derecho penal en contextos francamente asimétricos, donde la igualdad frente a la ley es una proclama de buenos deseos.
En estos términos, el sistema penal es fuertemente selectivo, lo cual no es una característica exclusiva de nuestro país, sino que se reproduce en el resto de los países de la región.
Desde una mirada optimista de las cosas, en nuestro días esta característica se encuentra visibilizada y manifiesta y existen esfuerzos de algunos operadores para tratar de disminuir esa tendencia.

A casi un año de la asunción de Macri y de la designación de Patricia Bullrich al frente de la cartera de seguridad, ves algún cambio significativo en la política criminal del país?

La política criminal del gobierno nacional se encuentra orientada en una dirección que no es la que preferiría, al menos en los principales ejes. Me preocupan particularmente las políticas públicas en materia de estupefacientes, claramente enrolada en la retórica de la fracasada guerra a las drogas. También las políticas en materia de seguridad pública, consistentes, básicamente, en el copamiento militarizado de la vía pública para el control de un sector de la población. Otro segmento que genera tensiones es la respuesta frente a la protesta, aspecto sobre el que se registran, en menos de un año, varios episodios graves. Finalmente, claros intentos de endurecimiento de las leyes penales, algunos de los cuales ya se han concretado.
En resumen, aprecio una posición simplista y un tanto anticuada frente a los conflictos, que difícilmente podrán superarse recurriendo a fórmulas que no han dado resultados en el tiempo.

Que deudas o contradicciones dejó el Kirchnerismo en la materia?

El anterior gobierno enarboló un discurso que, a grandes rasgos, se mostraba respetuoso de los derechos y las garantías pero que, sin embargo, no tuvo su correlato en acciones concretas en materia de política criminal. Y me refiero, específicamente, al último período del gobierno, con las gestiones de Sergio Berni y Alberto Granados en las carteras de seguridad nacional y bonaerense, respectivamente. Si comparamos este último tramo de
la gestión con la que ocurre en nuestros días vamos a encontrar más continuidades que rupturas.
Considero que, no obstante las enormes dificultades que representa la materialización de las políticas públicas en países como el nuestro, existieron áreas en las que se pudo haber avanzado y consolidado posiciones, como es el caso de un modelo democrático de seguridad (acerca del que existía un buen consenso en numerosas organizaciones de la sociedad) y avanzar en una política penitenciaria respetuosa de la dignidad de las personas privadas de la libertad. A este último respecto no puede omitirse que el crecimiento exponencial de la población carcelaria se verificó en los últimos diez años.

El tandem Vidal-Ritondo en Provincia de Buenos Aires parece sobrevolar por áreas ríspidas...ves un intento real por modificar la lógica de poder de las agencias penales? O todo se queda en el discurso?

El sobrevuelo me parece una metáfora bien descriptiva. La gobernadora presenta un discurso preocupado, que en términos generales enfoca el eje central de los problemas, que convence como sincero a buena parte del auditorio. Pero lo cierto y lo concreto es que a casi un año de gestión son pocos los cambios que se observan. Sin la pretensión de exigir la concreción de cambios, tampoco se aprecian proyectos serios y concretos para afrontar alguno de los problemas más acuciantes de la realidad provincial, como es el gobierno de las fuerzas de seguridad (policiales y penitenciarias). La policía continúa con una estructura virtualmente autonomizada, de autogobierno, con un serio déficit de credibilidad hacia la población y salpicada por graves episodios delictivos y de corrupción. Otro tanto respecto del servicio penitenciario, que no logra articular un programa para superar la calamitosa situación de las cárceles.
Parece que hubiere consenso entre sectores progresistas y conservadores para una reforma procesal a nivel federal. Por qué la demora? Y cuanto tiene que ver la justicia federal en ello?
Desde mi perspectiva atribuyo las demoras en la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación a las enormes resistencias de los sectores concentrados de poder de la justicia federal, absolutamente refractarios a los cambios y a resignar sus posiciones de poder. Comodoro Py (por graficar de algún modo esa concentración de
poder) es la muestra cabal de los intereses que no se quieren abandonar, representativa del peor rostro del Poder Judicial.
El gobierno nacional no ha sido claro y terminante en su decisión política de llevar adelante la reforma, que hoy por hoy parece naufragar sin pena ni gloria, perpetuando un estado anormal de cosas para el modelo constitucional de administración de justicia.

Gils Carbó?

Alejandra Gils Carbó representó un salto institucional cualitativo para el Ministerio Público Fiscal. La implementación de áreas especializadas (narcotráfico, lavado de dinero, violencia institucional, trata de personas) marcó el camino para una persecución penal menos selectiva, más orientada a la criminalidad compleja, de alto impacto social.
El cambio de orientación política del gobierno nacional la ha colocado en un sitio incómodo, objeto de presiones impropias, ya que de acuerdo al esquema institucional y legal vigente, sólo puede ser removida por el mecanismo del juicio político.
Sin perjuicio de lo precedente, soy de la idea que ese tipo de funciones deben ser periódicas, lo que es más compatible con el sistema republicano de gobierno.

Para terminar...ves un diciembre tranquilo?

Aspiro que, sin perjuicio del más amplio ejercicio de las libertades (libertad para expresarse, para protestar, para disentir) nuestras diferencias puedan ser tramitadas sin violencia. No obstante no puede dejar de apreciarse que las políticas generales del gobierno nacional, y particularmente las medidas económicas, están generando un clima de tensión en ciertos sectores de la población que suelen reflejarse en esta época del año.