El 16 de enero de 2016, Milagro Sala, dirigente política, social e indígena y líder de la organización barrial de alcance nacional “Túpac Amaru”, ex diputada provincial y parlamentaria electa por el Parlasur, fue detenida por una denuncia del recientemente electo Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. En la denuncia se la acusó de “instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real”, durante el acampe que diferentes cooperativas realizaban en contra del Gobernador que había anunciado el recorte de los aportes a las cooperativas de la organización.Desde entonces, Milagro Sala se encuentra detenida bajo la figura de “prisión preventiva”. La primera denuncia del Gobernador de Jujuy se amplió poco tiempo después por “asociación ilícita agravada” y por cometer “fraude y perjuicio contra la administración pública”. Sin embargo, Milagro Sala se encuentra detenida bajo condiciones irregulares. Su detención no cumple con los extremos legales que la normativa exige para sostener una prisión preventiva y romper con la regla procesal de mantener la libertad durante el proceso, en virtud del principio de inocencia. Como ya sabemos los extremos son dos: peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. Respecto al primero de los supuestos,debemos suponer que con la atención mediática y la exposición que la figura de esta dirigente ha tomado a lo largo de los años, pero mucho más durante los últimos meses, el peligro de fuga parece de difícil concreción.
Se aduce entonces, que Milagro Sala debe seguir presa porque su influencia política y social en el territorio jujeño, podría perjudicar la investigación.Pero este argumento también resulta insostenible cuando analizamos que para que los delitos que se le imputa -asociación ilícita/fraude contra la administración pública- se puedan llevar a cabo, resultaría necesario detener también a toda una red de actores políticos y funcionarios, algunos de ellos aún hoy en funciones. De otro modo, todos esos “eslabones de la cadena delictiva” que no están siquiera
imputados y que están libres formando, incluso, todavía parte del gobierno,también tendrían los medios al alcance para entorpecer la investigación.
Habiendo dicho esto, y agotado los argumentos jurídicos, nos queda averiguar qué otras razones podrían sostener la detención de Milagro Sala.
En este punto es donde debemos visibilizar algo que todos sabemos, pero que por momento olvidamos: el sistema penal no es sólo la normativa legal. El sistema penal atraviesa las estructuras sociales, políticas y económicas. Milagro Sala sigue detenida porque así lo decide el sistema penal, aún sin la suficiente base legal.
El sistema penal penaliza lo que socialmente es punible. Porque está conformado no sólo de leyes penales, sino también de representaciones sociales,relaciones de poder, discursos, usos del lenguaje, dominación cultural. En suma,de las construcciones sociales que conforman una sociedad. No puede obviarse,entonces, que la sociedad jujeña tiene aún muy arraigadas costumbres y valores propios de una sociedad conservadora, patriarcal, machista y clasista. No puede desconocerse el repudio que genera a las clases más pudientes de una sociedad de este estilo, la organización de los sectores populares, liderados encima por una mujer, que a la postre, es de orígenes indígenas.
Milagro Sala es sujeto de una persecución política y social, y la herramienta para instrumentarla es la persecución penal. Esto no es otra cosa que una aplicación lisa y llana de lo que conocemos como CONTROL SOCIAL. Hay violencia institucional no sólo cuando ocurren graves violaciones a los derechos humanos (aunque en este caso, mantener a una persona privada de su libertad de manera ilegal ya constituye en sí un hecho de este tipo); la violencia institucional se materializa también cuando se anteponen otros componentes del sistema penal por encima de los jurídicos, cuando no se respetan los límites democráticos y del sistema republicano, cuando se avasallan los márgenes legales de un Estado de derecho.
Lo vemos en ejemplos, y lo vemos a diario. Las manifestaciones del gobernador de la provincia, o del presidente de la nación afirmando que “no van a liberarla”, o que “está presa porque a la mayoría de los argentinos les parece que cometió delitos”, o los intentos -de dudosa legalidad- de plebiscitar la opinión sobre su detención en Jujuy, no hacen más que explicitar lo que el control social aveces, solapa.
Milagro Sala sigue presa por motivos políticos, por motivos económicos, por motivos clasistas, por motivos patriarcales, por motivos xenófobos, por venganza,por la impericia judicial, por cualquier otro motivo que se nos ocurra, menos por motivos legales. A los extremos legales, no han llegado con las pruebas que lograron reunir, tal como lo exigen los códigos penales. No hay argumentos jurídicos legales que avalen la perpetuidad de la prisión preventiva durante casi un año. Eso es insoslayable. Eso ya no se puede ocultar. Por ello, se nos vienen encima resoluciones, dictámenes y opiniones -oficiales y extraoficiales- de distintos organismos internacionales, como la ONU y su grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria, la presidencia de la OEA, la Comisión Interamericana de DDHH, CEDAW, Amnesty internacional, entre otras, pidiendo “liberar de inmediato” a Milagro Sala.
El sostenimiento de la detención de Milagro Sala pone a las instituciones, y al sistema democrático argentino en jaque. No actuar en consecuencia, es legitimar una muerte anunciada del Estado de derecho.-