Es difícil llevar adelante un análisis de lo ocurrido ayer en el barrio porteño de Flores. Creo que si bien se conjugan lineamientos que pueden poner de manifiesto la relación conflictiva entre las fuerzas de seguridad y los vecinos de la ciudad, a la vez se desprenden otros elementos que pueden aproximarnos a una dimensión un tanto más global del conflicto y es allí es donde nos detendremos.
Sin fisuras puedo decir que lo ocurrido en la Seccional 38 de la PFA fue el segundo infortunio trascendente durante la gestión de Macri en materia de seguridad.
La fuga de los hermanos Lanatta y de Víctor Schillaci, acusados por el triple crimen de Gral. Rodríguez en el año 2008, ocupó el centro de atención a los pocos días de la asunción de Patricia Bullrich al frente de la cartera mencionada.
Tanto lo ocurrido allí, como la conmoción de los vecinos de ayer por la noche tienen un punto en común:la falta de manejo político de una situación, en principio, controlable.
No hay argumento propicio para justificar la falta de presencia de autoridades locales en el centro de la escena, delegada por completo al Jefe de Circunscripción de la ahora policía de la Ciudad, Crio. Manuel Monzón. Ello no solo significó una delegación de las decisiones tácticas sino también una delegación política y estratégica de la situación.
Para el gobierno, la inseguridad es un problema policial y no político, y el que tiene que responder por ello es la fuerza y no la gestión.
Flores es un barrio sensible en términos de criminalidad. Mientras en la ciudad la tasa de homicidios dolosos es de alrededor del 6.2 cada 100.000 habitantes, en el viejo barrio la ecuación asciende a 24.3 (1). En síntesis, Flores es un barrio atravesado por el delito y por la conflictividad social.
Si bien no habría que buscar mayores definiciones, más que la exaltación razonable de los vecinos que se topan con un joven muerto en las vísperas de la navidad, lo cierto también es que el hecho en cuestión ocurre en un sin fin de marchas y contramarchas por el control de la fuerza de seguridad más equipada del país.
José Pedro Potocar será el responsable en jefe de la nueva policía local, desplazando a su colega Guillermo Calviño, hombre de territorio y de buena relación con los funcionarios de los gobiernos salientes y entrantes a nivel nacional.
Sin embargo hoy por hoy la fuerza policial está virtualmente acéfala y su primera intervención se alejó por completo de la impronta que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta discursivamente quiere marcar: una fuerza de acercamiento y no de ocupación, de cara a la comunidad y de gestión de la conflictividad. Lo que supone que el consenso y no la resolución de conflictos a través de la ley del más fuerte.
Lejos quedaron las apariciones sobreactuadas de Sergio Berni, lejos quedó también la discusión por el control político de las fuerzas de seguridad a fin de evitar pases de facturas, zonas liberadas y encomiendas criminales.
Lo cierto es que hoy por hoy el desafío mayor de la gestión macrista será dar lugar al reclamo sin que ello conlleve al delegacionismo histórico del poder político a las fuerzas de seguridad y a un brote insanable de violencia institucional.
Lo anterior por dos cuestiones:primero para no deslegitimar la formación de la nueva policía que propone consigo un manejo descentralizado de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y, en segundo lugar, porque la delegación pero se supone a que los componentes violentos que arrastra cualquier conflicto criminal se le va a sumar la violencia de una fuerza de seguridad hoy sin dirección y hambrienta por agudizar el manejo y del territorio heredaron en la década de los 90´. Lo que no le conviene a nadie,sea cual sea el arco político que intente defender.

1) Informe sobre homicidios dolosos en la CABA del año 2015, del Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.