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Entre la zona gris y el nuevo paradigma del gerenciamiento criminal ligado al narcotráfico.
¿Cómo es posible que la Argentina haya conseguido una disminución sostenida de los niveles de violencia letal en los últimos años?
Si analizamos el período comprendido entre 2015 y 2024, se observa que el país logró reducir de manera significativa la violencia letal, a pesar de atravesar profundos cambios políticos, sociales y económicos durante la última década. Para ilustrar este fenómeno, basta con observar que la tasa de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes pasó de 6.6 en 2015 a 3.8 en 2024, último año relevado. Esta disminución, lejos de ser un hecho aislado, se mantuvo estable a lo largo del tiempo, con la única excepción del año 2020. Así, la Argentina experimentó una merma considerable en la tasa de homicidio doloso, lo cual se refleja claramente en los datos estadísticos disponibles. (1)
No obstante, la pregunta central que debemos plantearnos es: ¿a qué se debe esta baja pronunciada en los indicadores de violencia letal? ¿Estamos frente a un verdadero éxito en materia de política criminal, o se trata de un fenómeno más complejo, que exige un análisis profundo considerando el entramado criminal que caracteriza a la Argentina contemporánea?
Desde una perspectiva normativa, el éxito de una política criminal debería medirse por la reducción del delito y la violencia en el marco de un Estado de derecho. Es decir, la disminución de la violencia extrema debe producirse respetando el conjunto de derechos y garantías que emanan de la Constitución Nacional y del plexo normativo que rige la vida en sociedad, incluyendo la conducta de las fuerzas de seguridad. En este sentido, podría afirmarse, con cierto margen, que la política criminal implementada por el Estado argentino —más allá de los signos políticos de cada gestión— ha tenido resultados positivos en la reducción de muertes violentas.
Sin embargo, en la práctica, considerar que la regulación de la violencia letal solo es válida si se desarrolla estrictamente dentro del marco legal, ignorando el conjunto de mecanismos informales que ejercen las agencias penales de manera subterránea —principalmente en el territorio— resulta ingenuo y hasta peligroso. Existen principios tácitos y no escritos que regulan la actividad de las agencias penales, especialmente de la policía, tales como: evitar generar más violencia de la que se busca prevenir, no responder de manera desproporcionada ante hechos de bajo nivel violento, y solo recurrir al uso de la fuerza cuando la omisión de la intervención podría derivar en una escalada de violencia criminal.
Como han señalado distintos investigadores, tales como Marcelo Saín, Javier Auyero y Matías Dewey(2), negar la existencia de una “zona gris” —ese espacio ambiguo donde confluyen acuerdos informales entre policías, delincuentes y políticos— implica desconocer una parte fundamental de la operatoria que ha caracterizado las black ops (3) criollas de las fuerzas de seguridad y al conglomerado criminal en la Argentina desde el retorno de la democracia. En este entramado, la delincuencia pactó el algún galpón oscuro e imaginario con la policía y la política la venta de impunidad a cambio de dinero negro y márgenes tolerables de violencia, lo que permitió sostener una gobernabilidad precaria pero funcional.
Ahora bien, ¿significa esto que la policía deba necesariamente infringir la ley para garantizar la paz social en determinados territorios? No necesariamente. Pero sí implica reconocer que existen zonas donde los límites entre lo permitido y lo prohibido se corren temporalmente, siempre y cuando ese corrimiento no genere un daño mayor que el que se busca evitar. Este fenómeno se ha visto potenciado en los últimos años en aquellos territorios donde la debilidad de las redes de contención social y la ausencia del Estado han dejado un vacío que las fuerzas de seguridad llenaron con una discrecionalidad operativa significativa. Así, no solo organizaron y repelieron la criminalidad, sino que también impusieron un orden marginal con una consigna clara: no matar.
Sin embargo, este modelo de administración de la violencia, que fue funcional a la gobernabilidad urbana desde fines de los años ochenta hasta principios de la segunda década del siglo XXI, se ha sido progresivamente complementado —y en algunos casos desplazado— por la irrupción de grupos criminales organizados dedicados a la venta de droga en los barrios más vulnerables de la Argentina. En estos territorios, donde el Estado solo aparece de manera esporádica y asistencialista, las bandas dedicadas al narcotráfico han ocupado el rol de las agencias sociales estatales, ofreciendo soluciones concretas a las necesidades cotidianas de la población: fuentes de empleo informal, asistencia médica, sepelios, cuotas escolares, protección, alimentos y otros servicios básicos.
Este proceso ha encontrado razón de ser en el crecimiento exponencial del mercado de drogas en Argentina. Para ser claro, mientras en 2010 la tasa de prevalencia de vida de consumo de cocaína era de 2.6 por habitante, en 2023 fue de 5, alcanzando niveles récord. Siendo que lo mismo ocurre con la marihuana que en 2010 era de 14% y en 2023 fue de 31%. Esto evidencia un cambio profundo en los patrones de consumo y en la estructura delictiva del país, sin detallar lo cuantioso en términos económicos del negocio. Hoy en la Capital Federal, 0.8 gramos de cocaína se está vendiendo a entre 10 mil y 15 mil pesos, según comuna y pureza de la droga puesta a disposición. (4)
Esta situación es la que ha generado una alteración demográfica y social en los barrios populares, donde las reglas de convivencia ya no son dictadas por la policía, sino por las bandas narco, que cada vez ejercen mayor control territorial y social con dos detalles de peso que no pueden soslayarse: Del universo de personas privadas de la libertad en la Argentina, y pese al discurso manodurista que existe respecto a la cuestión del narco, lo cierto es que ciento veinte mil personas privadas de la libertad que tiene el país en sus centros carcelarios, solo el 5% está condenado por delitos vinculados a la ley 23.737 -ley de drogas (5). Por otro lado, la persecución de las agencias penales en la Argentina frente a la cuestión de las drogas está dirigida a los consumidores que agrupan el 70% de los procedimientos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad del país. Esto quiere decir que el grado de impunidad que gozan estas bandas dedicadas al comercio de drogas es muy elevado y proporcional a la cantidad de dinero que deja la actividad.
El resultado de este cambio de paradigma es que las bandas criminales han comenzado a replicar y complementar el modelo de “pax romana” que ejercieron las fuerzas de seguridad desde la restauración democrática. Esta nueva modalidad de gerenciamiento delictivo, basada en un armisticio criminal, da lugar a territorios organizados, límites imaginarios, acuerdos tácitos, reparto de dividendos y la presencia de soldadito entrenados pero reemplazables según las circunstancias. Todo ello bajo la premisa: “Si nos organizamos, hay para todos”.
Tal como ocurre con las barras bravas del fútbol desde la prohibición de los visitantes o en los viajes al mundial de la selección, mientras el negocio siga su curso, se privilegia el principio de no agresión. Sin embargo, este equilibrio es frágil y depende tanto de la capacidad de negociación y control de las organizaciones criminales como de la respuesta, muchas veces ambivalente, del Estado y sus agencias.
En conclusión, el descenso sostenido de la violencia letal en Argentina no puede ser explicado únicamente por el éxito de la política criminal (nacional y provincial), como la presencia policial en los territorios o el aumento de la tasa de esclarecimiento. Si bien es cierto que la implementación de estrategias estatales orientadas a la reducción del delito y el fortalecimiento de la seguridad pública ha tenido un impacto positivo en ciertos indicadores, resulta insuficiente limitar el análisis a estos factores visibles y normativos. La realidad argentina revela un entramado mucho más intrincado, donde la convivencia de regulaciones formales e informales, pactos tácitos entre las agencias penales, la policía, los actores políticos y el propio crimen organizado, han conformado una red de equilibrios precarios que sostienen una paz relativa pero inestable en los barrios más vulnerables.
Este fenómeno se ve exacerbado por la emergencia de nuevos actores criminales, especialmente las bandas dedicadas al narcotráfico, que han logrado insertarse en el tejido social y, ante la ausencia o debilidad del Estado, han asumido funciones tradicionalmente asociadas a las agencias estatales. Así, estos grupos no solo organizan y regulan las actividades ilícitas, sino que también proveen servicios esenciales a la comunidad consolidando su poder y legitimidad dentro de los territorios que controlan. Esta transformación ha sido posible gracias al exponencial crecimiento del mercado de drogas en el país y a la alta rentabilidad que genera, lo que les otorga recursos para negociar y mantener acuerdos con otros actores y sostener el orden interno bajo la premisa de “no matar”.
A su vez, la eficacia de las políticas criminales se ve limitada por esa “zona gris” (ya cada vez más oscura) en la que lo legal y lo ilegal se entremezclan, y donde la tolerancia o complicidad de ciertos sectores estatales con prácticas informales ha sido, en ocasiones, funcional para evitar escaladas de violencia. Sin embargo, este delicado equilibrio hoy puede romperse en cualquier momento, ya que depende no solo de la capacidad de negociación y control de la policía sino, fundamentalmente, de los grupos criminales. El desplazamiento de la autoridad policial por parte de los actores delictivos, sumado a la elevada impunidad de la que gozan las bandas narcos, refuerza la necesidad de repensar las estrategias tradicionales de seguridad y prevención.
Por lo tanto, comprender en profundidad la complejidad de este entramado de regulaciones, acuerdos y emergencias de nuevos actores es imprescindible para el diseño de políticas públicas efectivas y sostenibles en materia de seguridad y prevención de la violencia. Solo a partir de un análisis integral, que reconozca la interacción entre Estado, fuerzas de seguridad, organizaciones criminales y comunidades locales, será posible avanzar hacia modelos de gobernabilidad capaces de garantizar derechos, consolidar la paz social y reducir de manera genuina y sostenible los niveles de violencia letal en Argentina.
PD: Ah pero Rosario!
La merma, por ahora circunstancial, de la tasa de homicidios en la ciudad de Rosario responde a dos cuestiones: Por un lado a un nuevo equilibrio en las fuerzas de seguridad a partir de la adhesión de la provincia de Santa Fe a la ley de Narcomenudeo (26.052) que reacomodó la pirámide policial y, por ende, los circuitos de recaudación jerárquicos de las cajas negras del delito y, por otro, a un reajuste precario en los acuerdos de las bandas dedicadas al narco, con desplazamientos de ciertos actores de la vida criminal (por muerte o alejamiento). Todo muy lineal, todo muy verde aún…AMPLIAREMOS!!
Ariel Larroude
Analista Criminal. Director del Observatorio de Política Criminal y Director del Posgrado en Política Criminal y Delitos Complejos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
- (1) Ver datos del SNIC. Sistema Nacional de Información Criminal. Ministerio de Seguridad Nacional.
- (2) Ver los textos: “El Leviatán Azul”, “La Zona Gris” y “El orden Clandestino” de Marcelo Saín, Javier Auyero y Matias Dewey, en dicho orden.
- (3) A menudo implican acciones que están fuera de los protocolos militares o policiales estándar o que son ilegales, por lo que las organizaciones que las ordenan no las admitirán.
- (4) Ver en Narcomenudeo (Larroude, Libano y Zurzolo Suarez) Ediar 2024.
- (5) Ver Informe del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena del Ministerio de Justicia de la Nación.
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